Vivienda y corrupción en España

No pretendo analizar un problema tan complejo y de tan difícil solución como el del acceso a la vivienda y el colateral de la corrupción urbanística en un breve comentario. Sin embargo, sí quiero hacer una reflexión sobre varios asuntos relacionados.
El derecho a la vivienda figura en la Constitución española y, por tanto, es obligación de los poderes públicos promover el acceso a la misma para todos en condiciones razonables. Los frutos que puedan dar las políticas de liberación de suelo público (de Defensa, de RENFE, etc.), los planes de vivienda y las medidas de fomento del alquiler los veremos en unos años, pues son políticas de medio plazo. Intensificar esas actuaciones debería ser una prioridad gubernamental.
Por otro lado, la gestión del suelo, verdadero cofre del tesoro, ha dado lugar a una serie de bandas de especuladores que actúan, de modo preferente (al menos por lo que sabemos hasta ahora) en el levante español. La mayoría de ellos se encuadran en partidos políticos de derechas y muchos de ellos son alcaldes o concejales de sus municipios respectivos. Es preciso vigilar y no transigir. Investigar y hacer públicos los resultados. Que los electores sepan a quiénes están votando. El último caso que ha llegado a mi conocimiento, difundido por la Cadena Ser, es el del alcalde de San Javier, en Murcia, que ha resultado ser socio de una constructora con hasta seis adjudicaciones del Ayuntamiento que él mismo preside. Se trata, al parecer, de José Hernández, del Partido Popular, que es socio de la empresa ‘Nueva Valencia al mar S.L.’
Las competencias sobre urbanismo están repartidas entre municipios y comunidades autónomas. En el caso de la comunidad de Madrid, la consecuencia de la trama de corrupción en torno al ladrillo llevó incluso a tener que repetir unas elecciones que había ganado la izquierda para reponer al PP al frente de la institución. Un hecho gravísimo que puso en cuestión a nuestro sistema democrático.
Somos los ciudadanos quienes podemos parar esto. Hagámoslo apartando de responsabilidades políticas a los corruptos en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Sólo falta un año.