Por fin, la Memoria

Por fin el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa que declara el año 2006 como Año de la Memoria Histórica. No es sólo que España sea un país desmemoriado para con aquellos que merecen su gratitud por los servicios prestados. Es que durante 40 años de dictadura todo el aparato del Estado se puso al servicio de la tergiversación de la Historia para justificar y legitimar sus propios actos. Durante la transición se pasó de la tergiversación al olvido (quizás no era posible otra cosa, no lo juzgo) y, sólo ahora, se pretende recobrar la memoria de la primera democracia que existió en España: la II República. La proposición de ley quiere que se reconozca a la II República como base sobre la que se edificó la actual democracia y a la Constitución de 1931 como antecedente de la del 78. Es decir, establecer un nexo entre ambos periodos, una continuidad sólo rota por la barbarie del golpe de estado de julio del 36.
En un momento en que los revisionistas de la ultraderecha tratan de volver a una historiografía (si se la puede denominar así) propia de los años 40, copiando sin remilgos (y sin rigor científico alguno) los textos de los apóstoles del franquismo, conviene que se desarrollen iniciativas como ésta. Quedan pendientes el anunciado informe sobre la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y la propia Ley de la Memoria Histórica, que han de completar estas actuaciones.
El PP ha votado en contra de la propuesta y advierte que votará en contra de todas las iniciativas sobre la Memoria Histórica. Queda claro con qué y con quién se alinea este partido: con la derechona más rancia y nostálgica de los peores años de nuestra historia reciente.

Universitarios en el exilio (añadido el 5 de mayo de 2006)

Otra iniciativa extraordinaria en aras del reconocimiento a las víctimas del golpe franquista lo constituye la decisión de varias universidades españolas y la Autónoma de México, de crear una cátedra del exilio, cuya misión será rescatar la memoria de, entre otros, 6 rectores y 200 catedráticos que tuvieron que abandonar España al final de la guerra civil, llevándose consigo su saber y su capacidad de trabajo, que continuaron ejerciendo hasta el final de sus días en la docencia, la investigación, las publicaciones y en toda la valiosísima aportación que hicieron a la vida cultural e intelectual americana y, especialmente, mexicana. Esperemos que la iniciativa llegue a buen puerto y realice al máximo las enormes potencialidades que tiene una actuación como ésta.

Fundamentalistas religiosos y lucha contra el SIDA

Estados Unidos continúa imparable su carrera de sumisión a los fundamentalistas religiosos. No contentos con abrir la puerta a las teorías creacionistas en las escuelas, imponen ahora límites al acceso a los fondos contra el sida a los países que no acepten su moral sexual y anticientífica. Para recibir dichos fondos, los gobiernos deberán dar prioridad a la castidad como método de lucha contra la terrible enfermedad vírica.
En España también tuvimos nuestra dosis de fundamentalismo "teocon", cuando varios miembros del gobierno y de la familia del presidente Aznar eran miembros de sectas integristas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Esta situación incidió negativamente en la investigación científica en diversos campos relacionados con la genética, impidiendo o retrasando los avances que permitirán curar enfermedades como la diabetes.
Someter la razón y la ciencia a los prejuicios, no ya religiosos, sino incluso sectarios, marca un punto de inflexión en lo que ha sido la historia de Europa y de América desde la Ilustración.
Condicionar la ayuda para la lucha contra una enfermedad a la adopción de ciertas prácticas morales vinculadas con una religión es un abuso que la comunidad internacional no debería tolerar. De momento, ha sido denunciado públicamente por la ONU.

Vivienda y corrupción en España

No pretendo analizar un problema tan complejo y de tan difícil solución como el del acceso a la vivienda y el colateral de la corrupción urbanística en un breve comentario. Sin embargo, sí quiero hacer una reflexión sobre varios asuntos relacionados.
El derecho a la vivienda figura en la Constitución española y, por tanto, es obligación de los poderes públicos promover el acceso a la misma para todos en condiciones razonables. Los frutos que puedan dar las políticas de liberación de suelo público (de Defensa, de RENFE, etc.), los planes de vivienda y las medidas de fomento del alquiler los veremos en unos años, pues son políticas de medio plazo. Intensificar esas actuaciones debería ser una prioridad gubernamental.
Por otro lado, la gestión del suelo, verdadero cofre del tesoro, ha dado lugar a una serie de bandas de especuladores que actúan, de modo preferente (al menos por lo que sabemos hasta ahora) en el levante español. La mayoría de ellos se encuadran en partidos políticos de derechas y muchos de ellos son alcaldes o concejales de sus municipios respectivos. Es preciso vigilar y no transigir. Investigar y hacer públicos los resultados. Que los electores sepan a quiénes están votando. El último caso que ha llegado a mi conocimiento, difundido por la Cadena Ser, es el del alcalde de San Javier, en Murcia, que ha resultado ser socio de una constructora con hasta seis adjudicaciones del Ayuntamiento que él mismo preside. Se trata, al parecer, de José Hernández, del Partido Popular, que es socio de la empresa ‘Nueva Valencia al mar S.L.’
Las competencias sobre urbanismo están repartidas entre municipios y comunidades autónomas. En el caso de la comunidad de Madrid, la consecuencia de la trama de corrupción en torno al ladrillo llevó incluso a tener que repetir unas elecciones que había ganado la izquierda para reponer al PP al frente de la institución. Un hecho gravísimo que puso en cuestión a nuestro sistema democrático.
Somos los ciudadanos quienes podemos parar esto. Hagámoslo apartando de responsabilidades políticas a los corruptos en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Sólo falta un año.

El proceso de paz

Mientras la totalidad de los españoles esperamos con ilusión que pueda iniciarse un proceso de paz que acabe con el terrorismo etarra, hay dos grupos que se empeñan en poner trabas al mismo. Por un lado, los más radicales entre los radicales, los que, en pleno alto el fuego, han cometido dos actos de terrorismo callejero, poniendo en peligro todo el proceso. Por otro, el Partido Popular que, haciendo gala de una total falta de sentido de Estado, ha expresado, por boca de su Secretario General, Ángel Acebes, que la tregua es falsa o, a través de sus socios en Navarra (UPN), que el gobierno debe cortar de raíz cualquier actuación relacionada con el proceso de paz.
Afortunadamente, el resto de los actores ha obrado con más responsabilidad: el gobierno, condenando los actos violentos y garantizando firmeza; los otros partidos de la oposición, manifestando apoyo a las decisiones del gobierno; incluso Batasuna, en un gesto sin precedentes, ha dicho que se trata de "actos muy graves" y se ha solidarizado con las víctimas.
Esperemos que quienes mantienen una estrategia contra la paz (en ambos lados) recapaciten y hagan gala de un cierto sentido de la responsabilidad. Por el bien de todos.

Elogio de la debilidad

No es habitual reflexionar sobre la debilidad. Más bien tratamos de ocultarla, de olvidarla escondiéndola en regiones invisibles de la sociedad, tal vez asustados de nuestra propia finitud, de nuestra vulnerabilidad. Pero, escondida o no, la debilidad existe incluso en una época en la que sólo hablamos de liderazgo, de poder; en la que quienes no gritan para imponer sus puntos de vista no son tenidos en cuenta. La pobreza, la discapacidad, algunas minorías e incluso las víctimas de la violencia de género parece que deslucen en nuestro mundo de diseño, exiliados de una sociedad moderna y tecnológica que —al menos en los anuncios— pertenece a los fuertes, guapos y triunfadores.
Sin embargo, es en el respeto y la consideración a los débiles donde una sociedad alcanza la densidad humana más profunda y relevante. Los instrumentos de construcción de la convivencia, como el Derecho, alcanzan también su sentido más pleno cuando se orientan a conseguir el respeto y la protección que los más débiles necesitan para desarrollar plenamente y con dignidad su condición humana. Podemos congratularnos de algunos avances éticos que, en este sentido, se están dando en nuestro país.
Desde antiguo, han surgido voces que condenan cualquier acción orientada a los menos favorecidos. No hay que olvidar el pensamiento de Nietzsche, esa propuesta de superhombre que no cree en ninguna igualdad, una pura artimaña “de los débiles de espíritu, de los cristianos y de los socialistas” y que completa con afirmaciones como que “los débiles y malogrados deben perecer”. Con pretencioso lenguaje científico, desde el nacimiento del primitivo capitalismo industrial, portavoces de la ideología que lo sustentaba se han opuesto a cualquier intervención de los gobiernos para paliar las consecuencias del mismo. Sirva de ejemplo el antropólogo Spencer advirtiendo de los desastres bioculturales que caerían sobre la humanidad, por estar estas intervenciones “en contra de las leyes de la naturaleza”. Este discurso, falsamente evolucionista y darwiniano, —que hoy es matizado incluso al hablar de la competencia capitalista entre empresas, introduciendo restricciones éticas muy potentes desde la denominada Responsabilidad Social Corporativa— resulta totalmente inaceptable aplicado a las personas, pero ha continuado existiendo por la vía de los hechos cada vez que nos han gobernado partidos conservadores.
Hoy que tanto se habla de la vertebración de España, se distinguen dos tipos de discurso en este sentido: los pronunciamientos huecos de sabor rancio sobre las esencias de la patria, preferidos por el PP, o las políticas que persiguen el incremento de la cohesión entre los españoles mediante la extensión de sus derechos. Afortunadamente, y en consonancia con su ideología, los gobiernos socialistas han optado por este segundo modelo de vertebración nacional. En la época de Felipe González comenzaron a existir en España una educación obligatoria, universal y gratuita, una prestación sanitaria de calidad para todos y un sistema de pensiones adecuado que, también por primera vez, universalizaba este derecho. Con ello se construían los denominados tres pilares del Estado de Bienestar, gracias a los cuales se alcanzaron grados de cohesión social desconocidos en nuestro país y que, obviamente, favorecieron más a las personas más débiles o en situacion de indefensión.
Tras ocho años de gobierno del PP sin ningún avance, iniciamos ahora una nueva etapa en la que, además de profundizar en aquellos empeños, se están dando innovaciones significativas. De hecho, se está construyendo paulatinamente un cuarto pilar para nuestro Estado de Bienestar, un pilar que agrupa una serie de medidas y políticas para atender las situaciones de marginación, de dependencia. Aquellas situaciones en las que debe fomentarse la autonomía personal, coartada por una multiplicidad de circunstancias de las que, potencialmente, ninguno de nosotros puede considerarse exento.
En el ámbito municipal, Gijón cuenta con una red de servicios sociales envidiable: moderna, profesional, de calidad. En el ámbito regional, se han promulgado leyes que tienden, precisamente, a afianzar el cuarto pilar: la que ordena los servicios sociales o la que regula el salario social, por ejemplo. En el ámbito nacional, el gobierno de Zapatero viene trabajando en la extensión de derechos, en la protección de los más débiles (veáse el caso de la ley integral contra la violencia de género) y ahora se ha anotado un tanto, que es una victoria de todos, con la elaboración de una ley de autonomía personal y atención a la dependencia, que hará más fácil la existencia a las personas dependientes, ancianos y discapacitados que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y lo hará como tiene que hacerse: reconociendo un nuevo derecho de ciudadanía en España: el que tienen estas personas a ser atendidas por el Estado y a que se les garanticen una serie de prestaciones, tanto económicas como a través de centros y programas diversos. Estas medidas tratan de restituir al ser humano —independientemente de su productividad, su éxito en la vida o de las limitaciones involuntarias que padezca— al lugar central que le corresponde en la sociedad.
Tal vez, la voz que se echa de menos en este momento es la de la Conferencia Episcopal, tan compulsivamente opinadora en todo lo demás, diciendo, por ejemplo, que ésta es una gran ley, una verdadera política de apoyo a las familias (sobre las que recae, en gran medida, y especialmente sobre las mujeres, el cuidado de las personas dependientes) y una opción por los más débiles en consonancia con los principios éticos más elevados. Es un silencio que hace sospechosas otras intervenciones precedentes.
(Artículo previamente publicado en el diario español "El Comercio")

Acaba de publicarse una novela, centrada en la memoria histórica, que toma partido abiertamente por los débiles, los vencidos. Si te interesa saber más sobre ella, consulta http://canalprogreso.blogspot.com/2009/02/novela-de-la-memoria-historica-la-senda.html

Saludo a la comunidad de internautas

Un saludo a todos y todas desde este blog recién creado. Pretendo incluir en él mis reflexiones sobre diversos temas que me interesan como es el papel de la cultura y los intelectuales, el cambio social, el pensamiento progresista, la participación política, las virtudes cívicas, la paz y los derechos humanos. Espero que las entradas que vaya publicando resulten de algún interés para los preocupados por estos asuntos que, como veis, están relacionados con el progreso y mejoramiento de la humanidad y de su bienestar.