(Este artículo fue previamente publicado en el diario asturiano El Comercio, www.elcomerciodigital.com)
La batalla que se viene librando en torno a la asignatura de Educación para la ciudadanía habría de finalizar ahora que el Tribunal Supremo ha establecido su obligatoriedad, que nunca debió ser puesta en duda. Pero el conflicto no es nuevo: a lo largo del último siglo y medio, la derecha española ha dejado bien patente su rechazo a todo avance modernizador de la educación y su pertinacia en perseguir cualquier intento de hacerla independiente de su tutela ideológica. La instrucción de la clase obrera, por ejemplo, era vista con desconfianza y, durante la Segunda República, al ministro Fernando de los Ríos se le quejaban amargamente los diputados conservadores por el despilfarro que suponía construir escuelas públicas “demasiado lujosas”.
Orovio, ministro a cargo de la educación con Cánovas, dictó en 1875 un decreto que venía a abolir la libertad de cátedra, prohibiendo toda enseñanza o libro de texto que contradijese la doctrina de la iglesia católica o cuestionase la monarquía. Muchos excelentes profesores que se negaron a acatar el atropello fueron encarcelados y despojados de su cátedra. Entre ellos, Fernando Giner, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, otra entidad que —habiendo hecho las mayores aportaciones a la renovación pedagógica en España— sufrió la persecución conservadora y fue inmediatamente suprimida tras el triunfo del franquismo, al tiempo que se ponía en marcha una terrorífica purga de maestros. Y es que, como escribió Herrera-Oria, jesuita hermano del famoso cardenal, la educación en libertad que se había desarrollado anteriormente forzaba al gobierno de Franco a efectuar una “depuración de maestros y profesores; el exterminio, en los centros del Estado, del virus marxista criminalmente inoculado durante los años de la nefasta República masónico-bolchevique”. No cabe sectarismo mayor. Todo lo que escapase al férreo control de quienes identificaban —y continúan haciéndolo— España con sus creencias particulares, las ideas nuevas, las reformas, lo que tuviese aunque fuera un atisbo de heterodoxia o de librepensamiento, ha sido combatido con denuedo desde siempre.
La sentencia del Supremo desautoriza completamente la mal llamada objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía. En primer lugar, porque, en este caso, no existe tal objeción. Desobedecer las leyes no es objetar, es delinquir o, al menos, situarse en la ilegalidad. Nadie puede ser objetor a las normas de tráfico, ni al Código Civil. Tampoco a las leyes educativas. Aplicar el término de objeción en este asunto es un triunfo de la propaganda orquestada por las organizaciones, mayoritariamente situadas en el integrismo católico, que sustentan la iniciativa, pero no responde a la realidad. En España, sólo tiene cobertura constitucional directa la objeción al servicio militar obligatorio, que ya no existe y ha quedado desprovista de contenido.
Lo peligroso de una postura según la cual cada familia puede diseñar el currículo escolar de sus hijos a conveniencia, es patente. ¿Cuál sería la siguiente batalla de los padres rebeldes? ¿Objeción a la clase de ciencias naturales si se explica el evolucionismo de Darwin? ¿A la de física si trata del origen del Universo en términos distintos a la literalidad del relato bíblico? ¿A la de literatura si estudia obras poco recomendables según una estricta moral conservadora?
Afortunadamente, la cordura ha vencido y todos los y las estudiantes cursarán una asignatura en la que podrán aprender cosas tan peligrosas como que gozan de derechos y tienen obligaciones en su calidad de ciudadanos. Conocerán el ordenamiento jurídico español, nuestra Constitución, y oirán hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Extraído textualmente del decreto que regula los contenidos de la asignatura, encontramos que los valores propuestos en ella a los alumnos de primaria son “respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz”. En secundaria, por ejemplo, se propondrá al alumnado un “entrenamiento en el diálogo, el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad personal y cultural”. ¿Qué encuentran ofensivo en esta materia los padres rebeldes? ¿A qué temen? ¿No será su postura, en realidad, una objeción contra la ciudadanía en sí misma, contra los derechos que lleva aparejados y contra el Estado que debe defenderlos y garantizarlos? ¿No será un agudo ataque de lo que Erich Fromm denominó miedo a la libertad?
El fallo del Tribunal Supremo ha sido por aplastante mayoría: 22 a 7. Ello indica que no se trata de un voto en función de ideologías o intereses partidistas, sino una decisión puramente jurídica que viene a ratificar que, en un estado de derecho como España, las leyes aprobadas por el Parlamento hay que cumplirlas.
